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Revista Observaciones Filosóficas


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art of articleart of articleFoucault: Biopolítica, tecnologías de gobierno y relación derecho-economía en el análisis del neoliberalismo

Mg. Guillermo Andrés Vega - Universidad Nacional del Nordeste
Resumen
A través de la presente intervención se pretende, por un lado, revisar los elementos que Foucault hace circular y pone en juego al considerar el lugar que el derecho ocupa en el modo en que el neoliberalismo piensa y problematiza el ejercicio del gobierno desde mediados del siglo XX. Por otro lado, y a modo de ensayo de prolongación de la analítica foucaulteana, se intenta emplazar el análisis económico del derecho de Richard Posner al interior de la forma de problematización que inaugura la noción de gubernamentalidad. En otras palabras, se ensaya el trazo de algunos lineamientos en el marco de análisis de la gubernamentalidad y sobre un objeto que Foucault no alcanzó a reparar en sus escritos, y que al día de hoy ha cobrado una relevancia insoslayable en lo que respecta al campo jurídico.

Foucault: Biopolitics, government and related technologies right-economics in the analysis of neoliberalism

Abstract

This intervention aims, firstly, to review what Foucault develops and brings into play when he considers the place occupied by law in the way that neoliberalism thinks and problematizes the exercise of government since the middle of XX century. Furthemore, and as a way of testing the foucauldian analytic, it attempts to place Richard Posner's economic analysis of law into the form of problematization inaugurated by the notion of governmentality. In other words, it traces some guidelines inside governmentality framework of analysis and about an object on which Foucault did not notice in his writings, and which has become today an inescapable relevance in regard to legal field.


Palabras clave
Derecho, utilitarismo, economía, tecnología de gobierno, racionalidad de gobierno, neoliberalismo, análisis económico del derecho.

Keywords
Law, utilitarianism, economy, governmental technology, governmental rationality, neoliberalism, economic analysis of law.

Revista Observaciones Filosóficas - Nº 22 / 2016

Introducción

En el curso de 1979, Nacimiento de la biopolítica, Foucault remarca la importancia que tiene la reflexión sobre el derecho que corre a la par de la formación de las racionalidades gubernamentales1 liberal y neoliberal. En efecto, en la segunda clase se ocupa del modo en que el derecho se entrecruza con el utilitarismo durante el siglo XIX, desplazando los problemas relativos a la limitación externa de la práctica gubernamental, planteados, fundamentalmente, frente al principio de la razón de estado por la llamada escuela del derecho natural.2 Este acento puesto sobre el utilitarismo funciona, por un lado, estableciendo una continuidad con el curso de 1978, que tiene en el centro de su reflexión el desplazamiento que el liberalismo genera al interior de la razón de estado. Por otro lado, la mención de la relación entre derecho y utilitarismo le permite a Foucault enmarcar sus trabajos de mediados de los setenta –en especial el análisis de la práctica penal– en un problema mayor al de la mutación de las técnicas y tecnologías; en efecto, su interés, hacia el final de la década de 1970, se ciñe al problema de las formas de racionalidad gubernamental que emergieron y se desplazaron entre fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX.

Las clases dedicadas a la emergencia de la racionalidad gubernamentalidad neoliberal en la Alemania de posguerra marcan un segundo capítulo en la recuperación del derecho como objeto privilegiado en el análisis de las racionalidades de gobierno. Finalmente, el curso de 1979 se cierra con un recorrido alrededor de la novedad que en materia de innovación del pensamiento jurídico representa la incorporación del análisis económico al tratamiento de la ley en la obra del economista norteamericano Gary Becker. Foucault sugiere que, en lo tocante al presente problema, una de las operaciones propias del neoliberalismo norteamericano consistió en revisar el vector “utilitarismo-derecho” en cuanto a lo relativo al tratamiento de la penalidad. La década de 1970 es el momento en que una serie de intervenciones teóricas, realizadas preponderantemente al interior del pensamiento económico –y en menor medida al interior de la reflexión jurídica–, desacoplan el derecho de la utilidad para vincularlo en forma directa con la economía. Para el caso, Foucault recupera la reflexión sobre la criminalidad realizada por Gary Becker en Crime and Punishment3 como un claro exponente del desplazamiento operado en el campo de la reflexión jurídica penal, es decir, del paso de la utilidad a la economía.

Este ejercicio de restitución del derecho como objeto de reflexión, realizado en forma simultánea al trabajo sobre nuevos elementos ligados a la práctica de gobierno (Estado, economía, etc.), exige una revisión del talante no jurídico atribuido a la filosofía foucaulteana, en especial a partir del distanciamiento que este pensador tomara con respecto de la concepción jurídica del poder.4 En consecuencia, a través de la presente intervención se pretende, por un lado, revisar los elementos que Foucault hace circular y pone en juego al considerar el lugar que el derecho ocupa en el modo en que el neoliberalismo piensa y problematiza el ejercicio del gobierno a partir de mediados del siglo XX. En este punto se trata específicamente de reconstruir el diagnóstico que el pensador francés realiza sobre el destino que tiene el anudamiento ocurrido durante el siglo XIX entre derecho y utilitarismo. Por otro lado, y a modo de ensayo de prolongación de la analítica foucaulteana, se intenta emplazar el análisis económico del derecho de Richard Posner al interior de la forma de problematización que inaugura la noción de gubernamentalidad. En otras palabras, se ensaya el trazo de algunos lineamientos para hacer funcionar la analítica de la gubernamentalidad sobre un objeto sobre el cual Foucault no llegó a reparar en sus escritos, y que al día de hoy ha cobrado una relevancia insoslayable en lo que respecta al campo jurídico. En consecuencia, se intentará poner en evidencia que el ejercicio de la práctica de gobierno, bajo el modelo de racionalidad neoliberal que emerge luego de la Segunda Guerra Mundial, otorga al derecho un lugar fundamental en el emplazamiento de la gubernamentalidad neoliberal. Esto puede constatarse en la emergencia y desarrollo de una nueva forma de reflexión y problematización jurídica, caracterizada por el llamado análisis económico del derecho.

La tesis que compartimos en este escrito sostiene que el desarrollo antes descrito fue posible alrededor de una serie de polémicas sostenidas en torno del anudamiento inicial entre derecho y utilitarismo, fijado, principalmente, por la obra de J. Bentham durante el siglo XIX. En efecto, hacia la década de 1970 la matriz jurídico-utilitaria se cuestiona desde diversos lugares, tales como los debates encuadrados en las así llamadas “teorías de la justicia” y en el desarrollo de la teoría económica, entre otros. En este escrito nos concentraremos en lo que respecta a la aplicación del análisis económico a la penalidad y a la teoría del derecho en general. Sobre este dominio así establecido es posible formular las siguientes preguntas: ¿cuáles han sido las condiciones, en el orden del saber, que han hecho posible tal desplazamiento?, esto es, ¿qué significa exactamente pasar de la utilidad a la economía en el campo del derecho? ¿Se trata acaso de un cambio en el régimen de veridicción del derecho? En otros términos, ¿cómo se articula la serie utilidad-derecho-economía a partir de la década de 1970 en cierto ámbito de la reflexión jurídica y política norteamericana? La hipótesis barajada sugiere que las condiciones que han posibilitado el desplazamiento del derecho desde el utilitarismo a la economía se articularon, entre fines del siglo XIX y comienzos del XX, alrededor de lo que se conoce como marginalismo y economía neoclásica.5 En este contexto, pasar de la utilidad a la economía en el campo del derecho significa asignarle al mercado el monopolio de la producción de justicia. No otra cosa parece representar el análisis económico del derecho, sistematizado en 1973 por Richard Posner,6 que resulta ser la expresión más clara7 de esta nueva articulación entre elementos.

Utilitarismo y Derecho

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Foucault afirma que desde el siglo XIX el utilitarismo no ha dejado de atravesar los problemas clásicos del derecho, al tiempo que remarca que lo distintivo del mismo es su dimensión tecnológica, no así la doctrinaria o filosófica.8 En efecto, en Nacimiento de la biopolítica el pensador francés sostiene que el utilitarismo es, antes que una ideología, una doctrina o una filosofía, una tecnología de gobierno.9 Se trata de una reflexión práctica que se orienta a determinar la esfera de competencia de la práctica gubernamental –i.e., la intervención del Estado–, en términos de utilidades. Por esto mismo, el utilitarismo conlleva elementos filosóficos y jurídicos, pero no se circunscribe sólo a una doctrina o teoría. Su eficacia tecnológica radica en el hecho de que permite diseñar un dominio de objetos, una disposición de elementos, para luego intervenirlos. El utilitarismo, especialmente bajo la formulación de Bentham, es fundamentalmente un programa de reforma social.

Para Foucault, las tecnologías otorgan una forma concreta a las racionalidades políticas que se consolidan en un período histórico determinado.10 En consecuencia, revisitar el utilitarismo tomando en cuenta su dimensión tecnológica permite ampliar las posibilidades analíticas en torno del problema del tipo de racionalidad gubernamental que caracteriza nuestra contemporaneidad. En un artículo de 1990, Peter Miller y Nikolas Rose destacan el vínculo existente entre racionalidad política y tecnologías de gobierno al sostener que: “si las racionalidades políticas traducen la realidad en el dominio del pensamiento, las `tecnologías de gobierno´ intentan traducir el pensamiento en dominios de realidad, y establecer, en el mundo de las personas y las cosas, espacios y dispositivos para actuar sobre estas entidades…”.11 Para ambos autores es en medio de esa “intrincada interdependencia” entre racionalidad política y tecnología12 donde resulta posible comprender las formas de ejercicio del poder, bajo la modalidad del gobierno, así como también la constitución de objetos vinculados con la autoridad política (el Estado, el derecho, etc.), con el campo de la economía (el mercado) y con lo social (la sociedad civil). Las tecnologías funcionan “disponiendo” la realidad para hacerla operable, regulable, gobernable, en function de un “esquema de pensamiento”. Sin embargo, como sostienen Miller y Rose, “…no es una cuestión de implementación de esquemas ideales en la realidad, ni de la extensión del control desde el asiento del poder hasta las minucias de la existencia. En su lugar, se trata de una cuestión de ensamblaje complejo de diversas fuerzas”.13 Dicho “ensamblaje” implica la movilización de técnicas y saberes, la explicitación de objetivos y la programación y planificación estratégicas tendientes a satisfacerlos.

La referencia a la dimensión tecnológica del utilitarismo surge en el contexto del problema fundamental de la racionalidad liberal, esto es, la autolimitación del ejercicio del gobierno a partir de la ley, o, en palabras de Foucault, el problema de “constituir en el derecho la regulación del poder público”.14 De aquí que el abordaje utilitarista de lo jurídico, plasmado especialmente en la obra de Jeremy Bentham, se convierta, de acuerdo con el filósofo francés, en un tema recurrente –y polémico– para el derecho. “Desde principios del siglo XIX ingresamos a una era en que el problema de la utilidad engloba cada vez más todos los problemas tradicionales del derecho”.15 El utilitarismo, en tanto proyecto de reforma social, encuentra en el derecho –en el arte de la legislación– una de las condiciones más importantes para llevar a cabo el programa de una mayor felicidad para el mayor número. Bentham lo expresa de la siguiente manera: “el arte de la legislación… enseña cómo una multitud de hombres, que componen una comunidad, puede estar dispuesta a seguir aquel curso que, en general, es el más conducente a la felicidad de toda la comunidad, por medio de motivos a ser aplicados por el legislador”.16

En la clase del 21 de marzo de 1979 Foucault sostiene que la reflexión llevada a cabo por los reformadores penales entre los siglos XVIII-XIX (Beccaria y Bentham, principalmente), permitió anudar la utilidad al derecho a través de la introducción de un cálculo de costos proyectado sobre la totalidad del proceso de creación e instrumentación de la ley. Como resultado de esta nueva forma de pensar el problema del control de los delitos, la ley pasó a ser “…la solución más económica para castigar bien a la gente y para que el castigo sea eficaz”.17 La preocupación por el grado de eficacia de la legislación puede advertirse claramente en el pensamiento de Bentham, en especial en sus desvelos vinculados con la necesidad de establecer una codificación del universo legal, de manera tal de circunscribir el alto grado de dispersión y arbitrariedad que caracteriza al derecho inglés hacia fines del siglo XVIII. Foucault subraya que lo que hace posible, entre los siglos XVIII-XIX, el encuentro entre penalidad y economía es la importancia concedida a la ley, a una “buena ley”, es decir, a su enunciación clara, a su organización jerarquizada en un código, a su estructura lógica, etc. En síntesis, es la ley la que permite “…articular el problema de la pena con el problema de la economía”.18

Sin embargo, esta misma serie “pena-ley-economía” será fuente de todo un conjunto de dificultades que no harán otra cosa sino volver oneroso –y, por tanto, “inútil”– el castigo penal. Foucault piensa que el hecho de que la ley se concentre sobre los individuos que la infringen –esto es, que el punto final de la sanción de una acción o acto sea el individuo– crea las condiciones para que un conjunto de saberes se agrupen alrededor de la caracterización psicosocial de los mismos. Foucault sostiene que “…en ese equívoco entre el crimen y el criminal, vemos cómo pudo bosquejarse una línea de pendiente interna a todo el sistema… hacia una modulación cada vez más individualizadora de la aplicación de la ley y, por consiguiente, de manera recíproca, una problematización psicológica, sociológica, antropológica de aquel a quien se aplica la ley”.19 En otras palabras, la inflación de las ciencias humanas no hizo más que entorpecer y, por tanto, encarecer la aplicación de la ley. Esta situación, en el marco de un proyecto de reforma social como el programa benthamita,20 significó la puesta en crisis de la dimensión tecnológica del utilitarismo. Foucault, parafraseando a algunos neoliberales norteamericanos –Gary Becker–, señala: “la culpa fue la idea de Beccaria y de Bentham de que el cálculo utilitario podía cobrar una forma adecuada dentro de una estructura jurídica. Y en el fondo ése fue uno de los objetivos o sueños de toda la crítica política y de todos los proyectos de fines del siglo XVIII, la utilidad que cobraba forma en el derecho y el derecho que se erigía en su totalidad a partir de un cálculo de utilidad. La historia del derecho penal mostró que esa adecuación no podía alcanzarse”.21 En efecto, los procesos de “normalización”, que incluían tanto los saberes de las llamadas ciencias humanas como las técnicas de vigilancia y control sobre los cuerpos, encontraron en la institución carcelaria su punto de inflexión al revelar que los procesos de penalización no sólo resultaban antieconómicos por la inflación de saberes y procedimientos que suponían, sino que tampoco generaban la disuasión esperada en el resto de la población.22

Economía y Derecho

El paso de la relación utilidad-derecho a la relación economía-derecho parece estar mediado por el “desacople” o desvinculación entre utilidad y economía. Foucault sugiere que dicho desacople es una característica del neoliberalismo norteamericano, esto es, una nota distintiva del tipo de racionalidad política que define el pensamiento anarcocapitalista estadounidense. Al menos esto es lo que parece acontecer en las intervenciones de G. Becker –sobre quien el pensador francés se ocupa en Nacimiento de la biopolítica– y R. Posner.

En efecto, la novedad que introduce G. Becker estriba en la centralidad que adquiere, para el análisis, el comportamiento individual maximizador de beneficios, al tiempo que evita deliberadamente cualquier deriva que insinúe una reflexión de corte antropológico sobre el mismo.23 Siguiendo la concepción que Lionel Robbins elaborara acerca de la economía en 1932, Becker asume que el análisis económico se centra en el comportamiento de los individuos en un entorno específico, esto es, un ámbito en el que los medios son escasos y los fines contrapuestos.24 A partir de esta serie de condiciones y particularismos, la mirada económica repara en el “modo como los individuos asignan esos recursos escasos a fines que son excluyentes entre sí”.25 El foco de la cuestión se ubica, entonces, en el comportamiento individual, pero no en un tipo específico de dicho comportamiento, sino en un aspecto del mismo, es decir, aquel que es efecto de la presencia de la escasez.26 Robbins es claro al respecto, la economía es neutral en lo tocante a los fines perseguidos, puesto que el economista no se preocupa de éstos en cuanto tales.27 A la economía no le concierne el problema de la determinación de los fines hacia los cuales los individuos dirigen –o deben dirigir– su conducta, puesto que el tema del contenido sustantivo de los fines es propio de la especulación psicológica y metafísica.

La concepción de Robbins, sobre la cual descansa el análisis económico de la criminalidad realizado por Becker, permite entrever el punto en el que utilitarismo y economía tienden a separarse. En efecto, la preocupación o indiferencia por el tipo de finalidad procurada por las acciones individuales establece las direcciones divergentes que las reflexiones utilitarista y económica han seguido. En otras palabras, el desacople entre utilitarismo y economía, que tiene lugar en el análisis de Becker, reside en la sustitución del principio de la “mayor felicidad”, alrededor del cual Bentham había articulado su programa de reforma social,28 por una mirada centrada en los cálculos que los individuos realizan al tomar decisiones, sin importar las características –o contenido– de la finalidad que pretenden. Para Becker, “el análisis [económico] supone que los individuos maximizan el bienestar tal como lo conciben, ya sean egoístas, altruistas, leales, malévolos, o masoquistas”.29 Esto permite ampliar el estudio de las conductas consideradas “racionales”, no reduciéndolas sólo a aquellas orientadas a la obtención de la felicidad, como establece el utilitarismo –y una versión simplificada del mismo caracterizada por la teoría de la elección racional–, sino ampliándolas al estudio de cualquier actividad humana que tenga un impacto social y exija, en consecuencia, el diseño de políticas públicas.30 Becker ejemplifica las virtudes del análisis económico alrededor de nuevos dominios de exploración, como ser el estudio de la criminalidad, de las prácticas discriminatorias, de la familia (casamiento, divorcio, etc.), de las adicciones y del capital humano. Todos ellos contribuyen a ampliar los límites esquemáticos de la teoría de la elección racional incorporando aquellas conductas consideradas “no racionales”.

Sin embargo, y en sentido contrario a las observaciones realizadas por Foucault, algunos pensadores sostienen la firme ligadura entre el utilitarismo de Bentham y el denominado “imperialismo económico” de Becker, esto es, la generalización de la grilla de inteligibilidad económica para el análisis de actividades no mercantiles.31 Así, Jimena Hurtado mantiene que Bentham habría oficiado de fundamento de la economía contemporánea al hacer especial hincapié en el comportamiento individual tendiente a la mejora de un estado psicológico. Al minimizar el hecho de que el utilitarismo benthamita está preocupado por “lo” que se busca maximizar, esto es, la felicidad o el placer, Hurtado se concentra en las características del comportamiento que tiende hacia tal finalidad. Esta operación le permite trazar una línea de continuidad entre el utilitarismo del siglo XIX y la economía contemporánea norteamericana, de mediados del siglo XX. A pesar de que Hurtado reconoce la existencia de toda una problemática en torno de la impronta psicológica de la finalidad propuesta por el utilitarismo clásico, no considera que la misma sea relevante como para no trazar la continuidad antes mencionada. Para esta historiadora del pensamiento económico, la polémica alrededor del contenido de las preferencias o los fines marca solo una “aparente ruptura” con el utilitarismo benthamita.32 Sin embargo, quizá la aparente ruptura no sea un asunto menor o de escasa importancia. Al reparar sobre ella un poco más de cerca, es posible distinguir al menos dos aspectos de la misma: a) el primero consiste en el hecho de que la polémica que gira alrededor del contenido de los fines no es contemporánea al neoliberalismo norteamericano, sino que lo es del mismo utilitarismo decimonónico, puesto que se articula hacia fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX en el pensamiento económico; b) el segundo aspecto del problema es que si efectivamente la ruptura es aparente y existe una continuidad entre utilitarismo y neoliberalismo norteamericano, entonces no queda claro cuál es la especificidad de la operación de pensamiento a la que está dando forma el fundador del análisis económico del derecho, Richard Posner, cuando polemiza con aquellos que “confunden” a los economistas con utilitaristas.33

Con respecto al primer aspecto de la aparente ruptura entre utilitarismo y economía neoliberal norteamericana –entre Bentham y Becker–, es menester revisitar brevemente las perspectivas de Leon Walras y de Vilfredo Pareto, en tanto exponentes del pensamiento económico de la segunda mitad del siglo XIX y de la primera década del XX. El primero de ellos, Walras, cuestiona el fundamento material que presenta el utilitarismo al anclar los fines a sensaciones agradables. Al privilegiar la atención puesta sobre la sociedad antes que por sobre el individuo, el economista francés elude el cálculo de felicidad benthamita y no sólo no da contenido alguno o definición a las necesidades que buscan satisfacerse, sino que establece que la función de utilidad social –tal como es presentada por el utilitarismo– se encuentra asociada a una magnitud que no es susceptible de medición,34 pero que, sin embargo, puede evaluarse “tendencialmente”. Este desplazamiento con respecto al utilitarismo del cálculo de felicidad se conoce como cálculo de la “utilidad ordinal”.

A su vez, Pareto representa la continuación de Walras en el desarrollo de una crítica y superación del utilitarismo del cálculo cardinal. En efecto, con el desarrollo de la noción de “ofelimidad”, Pareto intenta neutralizar la utilidad benthamita, es decir, quitarle los elementos psicológicos o hedonistas que la componen. Para Pareto, la ofelimidad expresa “la relación de conveniencia según la cual una cosa satisface una necesidad o un deseo, sea legítimo o no, sin necesidad de medir su intensidad”.35

La imposibilidad de medir las utilidades interpersonales y, por lo tanto, de establecer una función de felicidad social, redireccionó la mirada de los economistas hacia otros problemas, tales como la eficiencia en el caso de Pareto, esto es la distribución equilibrada de ofelimidad. Lo relevante del caso es que hacia fines del siglo XIX y principios del XX la ruptura con el utilitarismo benthamita del cálculo de utilidades cardinales resultó ser más real que aparente. Y son justamente estas reflexiones “rupturistas” o críticas las que, de acuerdo con la tesis aquí defendida, van a delimitar el terreno en el cual se insertarán las reflexiones posteriores de Robbins y Becker. Si esto es así, las génesis ensayadas por algunas lecturas continuistas, que ven en Bentham un precursor del desarrollo del pensamiento de la Escuela de Chicago, no permiten atisbar la singularidad que presenta la racionalidad de gobierno neoliberal expuesta a través de sus modos de problematizar la práctica de gobierno, en especial la reflexión en torno del ejercicio del gobierno a través de la ley.

Análisis Económico del Derecho

La revisión del utilitarismo clásico, desarrollada al interior del pensamiento económico, resulta fundamental para entender la intervención de Posner en el debate sobre la relación entre los elementos de la serie utilidad-derecho-economía. En un artículo de 1979,36 es decir, escrito seis años después de la publicación de la obra fundacional del Análisis Económico del Derecho, Economics Analysis of Law (1973), Posner comienza aludiendo a los críticos de esta novedosa propuesta, especialmente a aquellos que se dirigen a los fundamentos económicos de la teoría y sostienen que éstos no constituyen más que una versión del utilitarismo. El problema pasa, para Posner, por determinar si utilitarismo y economía son, efectivamente, la misma cosa, tal como señalan sus detractores. Para comenzar, repara en la crítica que le hiciera Herbert Hart. Le reconoce al jurista inglés el haber confundido (en tiempos de Economics Analysis of Law) economía y utilitarismo. A continuación explica los motivos por los cuales es fácil confundir ambas miradas; para ello define lo que en términos generales se comprende por “utilitarismo” y “economía”. Así, el primero “…plantea que el valor moral de una acción… debe apreciarse por sus efectos en cuanto a promover la suma de la felicidad...”.37 Posner toma de Henry Sigdwick la definición del utilitarismo como la promoción, para todos los habitantes de la sociedad, del mayor placer por sobre el dolor. Menciona también al jurista norteamericano de fines del siglo XIX James Ames como un claro representante del utilitarismo jurídico y, consecuentemente, del carácter poco respetuoso de las libertades individuales que promueve esta mirada. Recuerda que Ames afirmaba que: “si los intereses de una persona son contrarios al principal objetivo del derecho, hay que sacrificarlos”.38 De aquí que el utilitarismo sea poco seductor en materia política para los liberales defensores de los derechos individuales.

A continuación pasa a definir lo que tradicionalmente se comprende por economía. Con este término –destaca Posner–, normalmente se designa una determinada política o una cierta ley encaminadas a promover el bienestar de los individuos. En este punto identifica la confusión que asocia indiscriminadamente utilitarismo y economía. Tomados de manera tan general, parecería que no existen diferencias entre bienestar, utilidad, felicidad, placer, etc., con lo cual economía y utilitarismo no se distinguen plenamente. El jurista norteamericano menciona como exponente ejemplar de esta confusión a la llamada “economía del bienestar”, fundada por Arthur Pigou.

Luego de planteado el problema –la confusión economía-utilitarismo– Posner esboza la que es su propuesta fundamental: el principio de la “maximización de la riqueza”. Definida a partir del mismo, la economía no puede ser equiparable ni al utilitarismo ni a la economía del bienestar. Esta noción le permite a Posner, como primera medida, eludir las observaciones realizadas por los críticos del análisis económico del derecho, aquellas a través de las cuales le atribuyen a este movimiento intelectual los mismos problemas que porta el utilitarismo. De ahí que el jurista norteamericano se esmere por afirmar que Smith no era utilitarista, es decir, en reconstruir una somera historia de las ideas en la que el utilitarismo no se origina en el mismo suelo que la economía política. Además, subraya que el derecho se vinculó al utilitarismo tiempo antes de vincularse a la economía (acontecimiento que no tuvo lugar para Posner hasta la década de 1960). Así, la relación derecho-utilitarismo, según nuestro autor, pareciera ser cronológicamente o históricamente anterior a la relación derecho-economía, con lo cual esta improvisada genealogía o historia de las ideas no deja de cumplir con su finalidad estratégica: actualizar la separación entre economía y utilitarismo, y establecer la emergencia del análisis económico del derecho como el momento de anudamiento entre economía y derecho, quitando al utilitarismo esta atribución.

A efectos de hacer esta distinción más clara, Posner caracteriza los problemas del utilitarismo recuperando algunas de sus críticas más conocidas. Se concentra en el problema de la medición de la felicidad o de la satisfacción de los individuos, así como la posibilidad de comparar unas con otras. Concluye en la misma línea que muchos críticos, al afirmar que el utilitarismo no ofrece “…una técnica confiable para medir la variación en el grado de satisfacción de una persona respecto de la variación en el grado de satisfacción de otra”.39 Incluso la economía paretiana del bienestar no se resuelve como una alternativa a este problema, puesto que, de acuerdo con Posner, a pesar de que una transacción de mercado pueda mejorar la situación de los individuos que la llevan adelante (o al menos mejorar la de uno de ellos y no desmejorar la del otro), nada asegura que el intercambio no genere externalidades negativas, impactando en el grado de satisfacción de otras personas. En síntesis, para Posner ni siquiera la eficiencia paretiana resulta ser un buen criterio para determinar con certeza si la felicidad global de una sociedad ha aumentado o disminuido.40

Otro de los elementos que es descartado como promotor de la felicidad o del bienestar colectivo está representado por el principio de redistribución igualitaria o equitativa de bienes. Para Posner, las políticas orientadas a la igualdad de ingresos no contribuyen a la felicidad del mayor número necesariamente, puesto que siempre pueden tropezar con un límite sustantivo en términos materiales. Esto es, “…la distribución equitativa del ingreso y de la riqueza producirá más felicidad que cualquier otra distribución, salvo que el costo de alcanzarla y mantenerla sea igual o superior a los beneficios en términos de mayor felicidad”.41 Y esto sin considerar que esta alternativa también tropieza con el problema ya destacado de la falta de método o técnica especifica, por parte del utilitarismo, para calcular el aumento de la felicidad en la población. Lo mismo puede ser dicho con respecto al utilitarismo “instrumentalista”. Para esta concepción utilitarista los derechos son instrumentos que permiten aproximarse a la mayor utilidad para el mayor número. El final para esta alternativa es predecible, puesto que es el mismo argumento multiplicado al infinito: “…el utilitarismo parece basar derechos muy importantes en una mera corazonada empírica de que promueven la “felicidad”. Esa corazonada no puede comprobarse por ningún mecanismo que tengamos o podamos llegar a tener…”.42 Por todo ello, sostiene el jurista norteamericano, resulta necesario evaluar un sistema alternativo al utilitarismo. Es aquí donde la economía o el análisis económico brindan, para Posner, sus ventajas metodológicas.

Para la perspectiva económica que el AED adopta, el maximando es la “riqueza”, comprendida como “…el valor en dólares o equivalente en dólares… de cuánto hay en la sociedad. Se mide por lo que las personas están dispuestas a pagar por algo o, si ya lo poseen, lo que piden en dinero para renunciar a ello”.43 Posner agrega que el único tipo de preferencia que aquí cuenta es el respaldado por el dinero, aunque la riqueza no pueda ser equiparada con el Producto Geográfico Bruto, “…ni con ninguna medida pecuniaria real del bienestar”.44 En síntesis, la riqueza es una función del valor monetario que atribuimos a ciertos bienes.

Posner trata de mostrar las razones que permiten mantener a una buena distancia el concepto de “riqueza” del concepto de “felicidad”. Y aquí vuelve a hacerse presente el cuestionamiento de Dworkin acerca de la no implicación entre uno y otro elemento.45 En efecto, determinadas situaciones caracterizadas por su “eficiencia”, esto es, por el aumento de la riqueza, no se correlacionan de manera directa con la “felicidad”; incluso, en algunos casos (Posner se detiene en un ejemplo que busca apuntalar esta idea) la maximización de la riqueza puede ser correlativa incluso de un descenso en la felicidad.46 Esta estrategia le permite a Posner salvar la crítica que asocia el análisis económico del derecho al utilitarismo y, a través de ello, le endilga a aquella corriente los mismos problemas que esta posición filosófica presenta.

Finalmente, otro punto que distingue el análisis económico del utilitarismo gira en torno de la sumatoria global de preferencias. En otras palabras, mientras que para el utilitarismo las preferencias satisfechas deben ser sumadas para establecer un cuadro de la utilidad global de la sociedad, el análisis económico del derecho estipula que, si bien la riqueza puede ser una preferencia ampliamente compartida por los miembros de una sociedad, la riqueza global no se mide sumando las riquezas maximizadas individualmente (o sumando las preferencias individuales por la maximización de la riqueza).47

La distinción entre economía y utilitarismo le permite a Posner consolidar la reunión entre derecho y economía. De aquí que se propuesta jurídica no se resuelva tanto en una “teoría del derecho”, como señala Dworkin,48 sino en un programa de ejercicio del gobierno económico, basado en una técnica de compensación de las fallas del mercado. En otros términos, dado que en los mercados reales siempre hay costos de transacción, sólo en los mercados hipotéticos o imaginarios de la teoría los costos de transacción pueden ser iguales a cero. Ahora bien, para Posner el derecho funge compensando las transacciones del mercado en los casos en que estas no se puedan realizar debido a los altos costos que presupondrían. El derecho funciona como un hipotético mercado perfecto y asigna a cada quien los bienes que hubieran obtenido de no existir costos de transacción. Se repone así lo que en teoría a cada uno le correspondería. Si el libre mercado es un agente de distribución, el derecho, al reproducir la “forma” perfecta del mercado, se convierte también en un agente de distribución o redistribución, pero sin diferir esencialmente del modo en que el mercado distribuiría bienes bajo las mismas condiciones. En otras palabras, el derecho se convierte, para Posner, en el guardián que vela por la efectividad de la idealidad del libre mercado.

Conclusiones

El análisis económico del derecho traslada la grilla de inteligibilidad de la economía neoclásica al análisis de la regulación jurídica de las conductas sociales. Esto supone concebir al derecho no desde el punto de vista de sus contenidos valorativos, no desde la imparcialidad de la forma, sino desde un plano más inmediato: su costo de instrumentación y sus efectos económicos. En otros términos, el derecho es relevante sólo como instrumento de eficiencia económica, puesto que hace del mercado no exclusivamente un lugar competitivo, sino también un ámbito de asignación de mayores riquezas con un bajo nivel de externalidades (bajo costo, bajo precio en materia de consecuencias secundarias o laterales, etc.). Toda la política de la eficiencia en materia jurídica gira en torno de la posibilidad de complementar el mercado corrigiendo las fallas producidas por monopolios, falta de información y externalidades. Desde esta perspectiva, el derecho nada tiene que ver con la justicia, sino con una lógica de asignación eficiente de recursos escasos (la “maximización de la riqueza”, de acuerdo con R. Posner). El derecho es, en otras palabras, la forma ideal del mercado, en tanto modo de regulación eficiente de la competencia. Su costo de instrumentación debe ser infinitesimalmente evaluado, para no desequilibrar las distribuciones que el mercado propone, dado que el aparato jurídico es un elemento más entre todos los que deben ser contabilizados al momento de cerrar el balance financiero de una política pública.

Tal como había ocurrido en la reflexión económica a partir de Lionel Robbins y, luego, de G. Becker, en el campo de la teoría jurídica Richard Posner representa la clausura de la vía utilitarista iniciada por J. Bentham hacia fines del siglo XVIII. El derecho benthamita, anclado en el criterio de la mayor felicidad para el mayor número, no resulta efectivo al momento de corregir o compensar el mercado cuando este presenta fallas. En efecto, la mecánica utilitarista de la búsqueda de la mayor felicidad no se condice con la lógica del mercado, tal como la racionalidad neoliberal la concibe, e impide, en consecuencia, que el derecho se posicione como un hipotético mercado perfecto. No sólo que los agentes económicos no parecen motivados a hacer lo que hacen en función de una eventual maximización de la felicidad o bienestar, sino que, también, en caso de que esto último fuese aceptado, no sería posible establecer ninguna medición del grado de aumento de tal felicidad. Para R. Posner, a diferencia del utilitarismo el análisis económico del derecho permite satisfacer ambas demandas. Esto es, la demanda de un criterio que refleje de manera ajustada el comportamiento de los individuos al interior de un mercado competitivo y la posibilidad de medir las condiciones de realización del mismo. En otras palabras, la maximización de la riqueza satisface, en la óptica posneriana, ambos puntos. Por un lado expresa el tipo de cálculo que realizan los agentes económicos en un mercado y que, como consecuencia, guía sus comportamientos; y, por otro, permite realizar mediciones para compensar situaciones deficientes en las que los costos de transacción se elevan por la presencia de monopolios, falta de información o bien por externalidad negativas. Para Posner, la maximización de la riqueza es el criterio de justicia que, a diferencia de otros criterios elaborados por la tradición jurídica, es pasible de ser medido.

Esta manera de pensar la práctica de gobierno a partir de la convergencia de mercado y ley ha cobrado, desde su emergencia en la década del setenta, una importancia cada vez mayor en el campo académico del derecho, y hoy lo hace, en iguales proporciones, en el orden práctico de las políticas públicas. Analizar y discutir las particularidades de esta trama reflexiva desplegada en torno de la relación entre economía y derecho vuelve menester una revisión de las herramientas analíticas disponibles para su abordaje. Aquí cobra sentido la propuesta de N. Rose y M. Valverde quienes, siguiendo a Foucault, restituyen una perspectiva gubernamental para el estudio del derecho y del gobierno a través de la ley bajo la forma de un programa de investigación.49 El desafío que nos queda no consiste únicamente en revisar la propuesta de Rose y Valverde y de ajustar dicho programa, sino que también se hace menester examinar las grillas con las que el derecho y la economía son actualmente pensados. Esto supone, en el menor de los casos, arduas polémicas, pero en el más amplio de los horizontes implica una redefinición de los límites reflexivos de campos tales como la Filosofía del Derecho y la Filosofía de la Economía.


Guillermo Andrés Vega

Licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional del Nordeste. Magíster en Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad Nacional de Quilmes. Doctorando en Filosofía por la Universidad Nacional del Nordeste. Es miembro del Proyecto de Investigación sobre “Gubernamentalidades Neoliberales” radicado en la Universidad Nacional de Salta. Actualmente se desempeña como Profesor Adjunto Regular en la Cátedra “Filosofía del Derecho”, en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste, y como Director del Departamento de Filosofía, en la misma Facultad.


Citar:

VEGA, Guillermo Andrés, “Foucault: Biopolítica, tecnologías de gobierno y relación derecho-economía en el análisis del neoliberalismo”, Revista Observaciones Filosóficas,  Nº 21 – 2015.


Fecha de recepción: 20 de octubre de 2015

Fecha de aprobación:  30 de noviembre de 2015




1 Foucault propone una "genealogía del Estado moderno y de sus diferentes aparatos a partir de una historia de la razón gubernamental". Foucault, M., Nacimiento de la biopolítica, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2007.

2 Y que Foucault denomina, centrándose en Rousseau, “vía revolucionaria”. Cfr., Foucault, M., Nacimiento de la biopolítica, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2007, pp. 58-59.

3 Becker, G., “Crime and Punishment: An Economic Approach”, en Becker, G., Landes, W., Essays in the Economics of Crime and Punishment, University of Chicago, Chicago, 1974.

4 Con respecto al distanciamiento de la figura de la ley para comprender el ejercicio del poder cfr., Foucault, M., Historia de la sexualidad. La voluntad de saber, Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 2003, pp. 99-104. Para la recuperación del derecho para el análisis de la gubernamentalidad, ver Rose, N. y Valverde, M., “Governed by Law?”, en Social and Legal Studies, Sage Publications, London, 1998, vol. 7, pp. 542-544.

5 Dentro del marginalismo se comprende a sus fundadores (Jevons, Walras, Menger), mientras que la escuela neoclásica está representada, en sus comienzos, por la obra de Alfred Marshall.

6 Posner, R., Economic Analysis of Law, Little Brown, Boston, 1973. Aquí usaremos la traducción realizada por el Fondo de Cultura Económica: Posner, R. El análisis económico del derecho, Fondo de Cultura Económica, México, 2013.

7 Lo cual no quita que entre sus intervenciones teóricas existan algunas diferencias importantes de considerar, como es el caso de su temprana adhesión al utilitarismo y su posterior rechazo del mismo.

8 Cfr., Foucault, M., Nacimiento de la biopolítica, ob. cit., pp. 60-64.

9 Cfr., ibid., p. 60.

10 Foucault, M., “La tecnología política de los individuos”, en Foucault, M., La inquietud por la verdad. Escritos sobre la sexualidad y el sujeto, Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 2013, p. 247.

11 Miller, P. y Rose, N., “Governing Economic Life”, en Economy and Society, Routledge, London, 1990, p. 8.

12 Cfr., Miller, P. y Rose, N., “Political Power beyond the State: Problematics of Government”, en The British Journal of Sociology, London School of Economics and Political Science, London, 1992, p. 176.

13 Ibid., p. 183.

14 Foucault, M., Nacimiento de la biopolítica, ob. cit., p. 62.

15 Ibid., p. 64.

16 Bentham, J., Los principios de la moral y la legislación, Claridad, Buenos Aires, 2008, p. 301.

17 Foucault, M., Nacimiento de la biopolítica, ob. cit., p. 288.

18 Ibid., p. 289.

19 Ibid., p. 289.

20 Podría sostenerse que el proyecto de reforma social de Bentham se estructuraba sobre tres pilares: la regulación del poder público a partir del derecho, la mayor felicidad para el mayor número y la no arbitrariedad o neutralidad de la legislación.

21 Foucault, M., Nacimiento de la biopolítica, ob. cit., p. 290. En la conversación, mantenida en la Universidad de Chicago en 2013, Françoise Ewald observará que, incluso el mismo Becker continúa preso del problema que la serie pena-ley-economía presentaba para los juristas del siglo XIX. Cfr., Harcourt, B.; Becker, G.; Ewald, F., `Becker and Foucault on Crime and Punishment´: A Conversation with Gary Becker, François Ewald, and Bernard Harcourt. The Second Session. The University of Chicago, Public Law & Legal Theory Working Papers, Chicago, May 15, 2013, No. 440, p. 5.

22 Aquí tiene lugar una polémica interesante acerca del éxito o fracaso de la prisión, al menos tal como la concibió Bentham. Cfr., Foucaul, M., El poder, una bestia magnífica, Siglo XXI, Buenos Aires, 2012, p. 200.

23 Incluso a pesar de la observación realizada por F. Ewald destacada antes.

24 Cfr., Robbins, L., An Essay on the Nature and Significance of Economic Science, Macmillan, London, 1932, p. 15.

25 Foucault, M., Nacimiento de la biopolítica, ob. cit., p. 260.

26 Cfr., Robbins, L., An Essay on the Nature and Significance of Economic Science, ob. cit., p. 16.

27 Cfr., ibid., p. 23.

28 Cfr., Bentham, J., Los principios de la moral y la legislación, ob. cit., p. 11.

29 Becker, G., The Economic Way of Looking at Life, The University of Chicago, Program in Law and Economics Working Paper, Chicago, 1993, No.12, p. 1.

30 Cfr., ibid., p. 17.

31 Hurtado, J., “Jeremy Bentham and Gary Becker. Utilitarianism and Economic Imperialism”, en. Journal of the History of Economics Thought. Volume 30. Number 3, 2008.

32 Cfr., ibid., p. 8.

33 Posner, R., “Utilitarismo, Economía y Teoría del Derecho”, en Estudios Públicos, Nº 69, 1998, pp. 209-213.

34 Rivera-Sotelo, Aída-Sofía, “El utilitarismo de Jeremy Bentham. ¿Fundamento de la teoría de Leon Walras?”, en Cuadernos de Economía, 2011, XXX: [Fecha de consulta: 27 de octubre de 2015] Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=282121963003>, p. 73

35 Carreras, M., “El óptimo de Pareto frente al utilitarismo”, en Telos, Nº 2, junio de 1992, p. 129.

36 Posner, R., “Utilitarismo, Economía y Teoría del Derecho”, ob. cit.

37 Ibid., p. 210.

38 Citado por Posner, ibid., p. 212.

39 Ibid., p. 221.

40 Cfr., Ibid., p. 222.

41 Ibid., p. 222.

42 Ibid., p. 223.

43 Ibid., p. 228.

44 Ibid., p. 228.

45 Cfr., Dworkin, R., “¿Es la riqueza un valor?”, en Dworkin, Ronald. Una cuestión de principios, Siglo Veintiuno Editores, Buenos Aires, 2012.

46 Posner, R., “Utilitarismo, Economía y Teoría del Derecho”, ob. cit., p. 229.

47 Ibid., p. 231.

48 Cfr., Dworkin, R., “¿Es la riqueza un valor?”, en Dworkin, Ronald. Una cuestión de principios, ob. cit., p. 295.

49 Cfr., Rose, N. y Valverde, M., “Governed by Law?”, en Social and Legal Studies, ob. cit.

Revista Observaciones Filosóficas - Nº 22 / 2016




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